Una resolución del Ministerio Público emitida el martes 3 de noviembre dispone la aprehensión del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, por su presunta vinculación con los delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal.
El documento, emitido en La Paz, se conoció un día antes de que la autoridad anunciara que abandonó el país junto a su familia.
Según publicó el sitio de noticias DTV y el diario El Deber, el requerimiento fue firmado por los fiscales Daniel Portales Barja y Edwin Alfonso Sarmiento Valdivia, de la Fiscalía Especializada en Delitos de Narcotráfico y otros delitos conexos.
En la parte resolutiva, ambos solicitan la “aprehensión” de Saucedo, con base en el artículo 226 del Código de Procedimiento Penal.
La disposición sostiene que existen indicios para considerar al magistrado como probable autor de los hechos investigados. Además, cita el artículo 48 de la Ley 1008, que sanciona el tráfico de sustancias controladas con penas de 10 a 25 años de prisión, y el artículo 132 bis del Código Penal, referido a organización criminal.
Entre los argumentos para solicitar la medida, los fiscales señalan que Saucedo no habría acreditado adecuadamente un domicilio ni una fuente laboral en Bolivia, lo que supondría un riesgo de fuga. También advierten sobre una posible obstaculización de la investigación mediante la destrucción de pruebas o la influencia sobre testigos.
La fecha de emisión del documento cobra relevancia porque, el miércoles 4 de noviembre, Saucedo informó que había salido de Bolivia junto a su familia.
En su pronunciamiento, denunció una supuesta persecución política y afirmó que temía por su vida y libertad, aunque aseguró que no renunciará a su mandato como magistrado.
Ese mismo día, el fiscal general interino, José Armando Urioste, confirmó que existen entre dos y tres investigaciones abiertas contra Saucedo en Santa Cruz.
Asimismo, anunció que se realizarían gestiones para obtener órdenes de aprehensión y tramitar una eventual notificación roja de Interpol.
Fuente: LOS TIEMPOS
