ROXANA LIZÁRRAGA: "NO PERMITIRÉ QUE ME ARRASTREN A UNA TRAMA QUE NO ME PERTENECE"

Hola. Soy Roxana Lizárraga Vera, periodista y abogada boliviana.

Hoy necesito hablar con absoluta claridad.

Cuando estalló el caso Fernando Cerimedo, el 20 de agosto de 2026, publiqué un artículo de opinión que titulé “Cerimedo: cuando la derecha se convierte en coartada para asaltar el poder”.

Mi reflexión partía de una convicción que mantengo intacta:

Las batallas las libran los pueblos. Los sacrificios los hacen los pueblos. Y ninguna persona que llegue después tiene derecho a apropiarse de esas luchas para convertirlas en poder, influencia o negocios personales.

Bolivia pagó durante años un precio altísimo por enfrentarse al autoritarismo, la corrupción y la concentración de poder del MAS.

Por eso escribí entonces que la derecha democrática tenía también la obligación moral de establecer sus propios límites.

Porque la corrupción no se vuelve honorable simplemente porque venga envuelta en una bandera de derecha.

Esa fue mi posición cuando comenzó este escándalo. Y esa continúa siendo mi posición hoy.

Ahora necesito hablar de algo diferente.

Mi exesposo, el abogado Ramiro Vega, asumió profesionalmente la defensa de Fernando Cerimedo.

Hace un día , yo misma mantuve una conversación con una persona con profundo conocimiento de los hechos que rodean este caso.

Lo que escuché me preocupó seriamente.

Comprendí que estábamos frente a una situación mucho más compleja y potencialmente peligrosa de lo que inicialmente parecía.

Por razones de seguridad, fui yo quien le pidió a Ramiro Vega que se apartara del caso Cerimedo.

Sin embargo, en las últimas horas han comenzado a aparecer publicaciones destinadas a desprestigiarme a mí y a involucrar a miembros de nuestra familia en una controversia a la que no pertenecemos.

Para hacerlo, están desempolvando y difundiendo de manera sesgada procesos iniciados contra mí durante los gobiernos del MAS.

Y aquí necesito recordar algo.

Yo fui ministra de Comunicación durante el gobierno de transición.

Desde ese cargo impulsé las denuncias en la fiscalía contra Evo Morales por los hechos relacionados con el fraude electoral de 2019.

Intervine radios comunitarias que habían sido utilizadas como instrumentos de propaganda y adoctrinamiento político.

Dispuse bajar la señal de Telesur en Bolivia, porque en uno de los momentos más críticos de nuestra historia consideré que su cobertura contribuía a la desinformación, la polarización y el enfrentamiento entre bolivianos.

Y expuse públicamente los privilegios y lujos del poder de Evo Morales mientras durante años gobernaba hablando a nombre de los pobres.

Después vinieron los procesos contra mí.

Procesos impulsados bajo un sistema de justicia sometido durante años al régimen socialista y que hoy pretenden ser utilizados nuevamente, fuera de contexto, para destruir mi reputación.

No lo voy a permitir.

Quien tenga una acusación contra mí, que la formule con nombre y apellido, que presente sus pruebas y que acuda ante las instituciones correspondientes.

Yo haré exactamente lo mismo.

Con documentos. Con hechos. Y por las vías legales.

Preservaré cada publicación, cada mensaje y cada elemento que permita establecer de dónde proviene esta campaña y quiénes son responsables.

Pero quiero dejar algo todavía más claro.

Yo no tengo ni he tenido relación profesional, económica ni política con Fernando Cerimedo ni con Nadia Beller.

No soy parte de sus negocios.

No soy parte de sus relaciones.

No soy parte de sus conflictos.

Y no permitiré que me incorporen artificialmente a una historia que no me pertenece simplemente porque mi exesposo decidió asumir la defensa profesional de Fernando Cerimedo.

Tampoco aceptaré que se utilice a nuestros hijos o a nuestras familias para ejercer presión, intimidar o desprestigiar.

Yo también quiero regresar a Bolivia.

Y quiero regresar con mi nombre limpio.

No estoy pidiendo impunidad.

No estoy pidiendo privilegios.

Estoy pidiendo justicia. Debido proceso. Y una justicia verdaderamente independiente.

Por eso hago también un llamado al gobierno del presidente Rodrigo Paz y a las instituciones correspondientes para que las causas abiertas durante los años de instrumentalización política de la justicia puedan ser revisadas con independencia, garantías y respeto al debido proceso.

Estoy dispuesta a responder por cada uno de mis actos.

Lo hice como periodista.

Lo hice como ministra.

Y lo haré hoy como ciudadana.

Pero no permitiré que me arrastren a una trama que no me pertenece.

No me voy a esconder.

No voy a responder con insultos.

Y tampoco voy a guardar silencio.

Mis respuestas serán los hechos.

Mi defensa será la verdad.

Y hay una línea que nadie tiene derecho a cruzar: mi dignidad y mi familia.

Nunca.