MUJER SUFRIÓ VIOLENCIA Y PERDIÓ SU TRABAJO AHORA ES VICTIMA DE LA JUSTICIA BOLIVIANA

La expolicía denunció que, tras su injusta e ilegal baja de la institución, la dejaron en situación de alta vulnerabilidad: ya no posee una fuente laboral digna, no tiene domicilio fijo, no cuenta con una red de apoyo y además debe cuidar a su padre gravemente enfermo.
Denunció que a su hija le hicieron injusto proceso y ahora sufre torturas en el penal de San Sebastián, como represalia por denunciar el mal trabajo de las autoridades judiciales, desprotección institucional tras ser víctima de violencia familiar en manos de otra persona con supuestas influencias.
La exsargento de Policía, C. G. U., retirada de la institución luego de denunciar agresión sexual y violencia familiar por parte de su expareja en Cochabamba, elevó su voz para protestar por graves represalias en contra suya y de sus hijos por denunciar irregularidades en su proceso. Señaló al Ministerio Público y la institución policial, a cargo del comandante general, Augusto Russo, de dejarla en situación de desprotección y vulnerar sus derechos como mujer a pesar de la Ley 348.
En contacto con EL DIARIO, la mujer, actualmente desempleada, sin domicilio fijo y en situación de alta vulnerabilidad, denunció que su hija mayor fue encarcelada injustamente en el penal de San Sebastián con cinco meses de detención preventiva, como represalia de los fiscales tras la denuncia que realizó contra su agresor, quien, luego de haberla abusado física, psicológica y sexualmente, fue liberado y goza de impunidad, tras ejercer coacción sobre ella y amenazarla constantemente.
Su hija fué detenido ilegalmente y privada de libertad y ahora le exigen pagar una alta suma de dinero para que su hija pueda ser liberada, monto con el que no cuenta por su situación laboral.
Me piden pagar una fianza de Bs 30.000 por la detención de su hija lo cual es casi imposible sabiendo que no tengo trabajo y me amenazaron con que nunca saldrá”, señaló la mujer a este medio, tras revelar que su hija sufrió torturas dentro del recinto penitenciario, desde golpes en el cuerpo hasta un corte profundo sobre la cavidad ocular, lo que habría afectado severamente su visión.
Tras ser dada de baja y observar cómo la dignidad de su hija es sistemáticamente mellada en prisión mientras su otro hijo persiste con el trauma familiar, la desesperación de la madre la llevó a buscar empleos temporales para subsistir, mientras clama por justicia y apoyo a las nuevas autoridades. Según comentó, una de las fiscales asignada incluso desapareció pruebas para obstaculizar la liberación de la joven, alegando que el teléfono donde estaba la evidencia había caído a un recipiente lleno de agua con detergente.
Recordando que por ley “ninguna mujer que sufre violencia puede ser desprotegida”, la expolicía relató que, incluso tras poner su caso en conocimiento de Russo, la autoridad policial la destinó a otros departamentos para luego retirarla de la institución en marzo de 2024 por supuesto incumplimiento de funciones, lo que agravó su situación económica.
Según explicó, la fiscal de Materia asignada a la denuncia, Elizabeth Vilcaez Flores, fue imputada formalmente por incumplimiento de deberes de protección a mujeres en situación de violencia, tras no brindar garantías ni hacer un seguimiento diligente del caso, lo que habría motivado a tomar represalias contra la hija.
ANTECEDENTES
La mujer sentó numerosas denuncias contra su exconcubino, Juan Carlos Figueredo F., en septiembre de 2021, enero de 2022 y mayo de 2024, tras sufrir todo tipo de agresiones físicas que incluyen haber sido arrastrada varios metros por un vehículo, ahorcamientos, amenazas de muerte y haber sido forzada a tener relaciones sexuales en contra de su voluntad. Pese a esto, solo fue sentenciado en un proceso y luego fue beneficiado con detención domiciliaria.
El sujeto la mantuvo amenazada y bajo su dominio a lo largo de su relación sentimental, mencionando que era inmune a la justicia gracias a sus influencias. La mujer declaró vivir atemorizada a su lado, decidiendo un día denunciarlo ante la justicia por temer por su vida. No obstante, las constantes agresiones y maltratos, según documentos de la investigación, afectaron significativamente su autopercepción y autoestima.
Según un informe del Centro Juana Azurduy de la Defensoría de la Mujer, la víctima está en situación de alta vulnerabilidad, al no contar con una red de apoyo ni un medio de trabajo estable para que pueda conseguir un hogar. “Se recomienda gestionar su ingreso a una casa de acogida con el fin de resguardar su integridad y la de su hijo”, señala el documento.
DONDE ESTA EL DEFENSOR DEL PUEBLO, DERECHOS HUMANOS, DIPUTADOS SENADORES UNA MUJER BUSCA JUSTICIA..!!!!!  
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Fuente: Prensa Bolivia